por José Luis Tapia Rocha, economista, Director de ILE y Catedratico de Economía Política
Entre la ilegalidad minera y el estatismo tecnocrático: dos errores que perpetúan la trampa
En el reciente debate sobre la Ley MAPE, el Ministerio de Energía y Minas —a través del viceministro Ronald Ibarra— ha criticado duramente el predictamen por sus vacíos legales, por debilitar la fiscalización regional y, sobre todo, por introducir una servidumbre minera que bordea la expropiación sin compensación.
Tiene razón en las críticas. Pero se equivoca en la solución. El problema no es solo legal o técnico. El problema es estructural y moral: el Estado no debe ser dueño, operador ni árbitro del sector minero, porque esa triple función es la receta perfecta para la corrupción, el caos regulatorio y la guerra territorial entre informales, comunidades y burócratas.
Lo que el viceministro calla: el fracaso de un modelo estatista con rostro técnico
Mientras se escandaliza por la ambigüedad del predictamen, el viceministro omite decir que la raíz del problema es la existencia del propio Estado como dueño de los recursos. El artículo 66 de la Constitución declara que los recursos naturales son «patrimonio de la Nación» administrados por el Estado. Esa visión colectivista, en nombre de todos, termina siendo en beneficio de unos pocos: los políticos de turno, los consultores con influencias, las grandes mineras concesionarias y los mineros informales apadrinados.
Criticar la informalidad sin cambiar el modelo es hipocresía. No hay reforma real mientras el Estado siga concentrando propiedad, permisos y poder sobre el subsuelo.
La solución liberal clásica: propiedad privada plena, competencia y salida del Estado del negocio minero
Proponemos un camino valiente y coherente:
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Derogar el artículo 66 y declarar que los recursos económicos de origen natural pueden ser objeto de propiedad privada desde el subsuelo hasta la superficie, como en modelos exitosos en algunos estados de los EEUU y Canadá-
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Privatizar toda la actividad minera estatal, incluyendo las licencias, derechos de exploración y explotación, sin necesidad de intermediación política.
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Abrir el mercado minero nacional al capital privado nacional e internacional, con reglas claras y fijas, sin “ventanillas únicas” de corrupción ni trámites kafkianos.
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Eliminar todas las exoneraciones penales y subsidios a informales, pero también toda traba absurda que impida a los privados operar legalmente.
Solo así se desmantela el poder informal, se atrae inversión real y se genera desarrollo sostenible con respeto a la propiedad y al medio ambiente.
Cinco reformas para salir del pantano
La trampa minera es solo una expresión de un mal mayor: un Estado que lo quiere hacer todo y no hace nada bien. Por eso proponemos estas cinco reformas liberales:
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Reforma política: Estado reducido a sus tres funciones esenciales: justicia, seguridad y obras públicas.
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Reforma económica: desregulación, abrir todos los mercados y privatización total de las 109 empresas estatales, incluyendo Petroperú y Electroperú con retorno al patrón oro monetario.
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Reforma educativa: desregulación, abrir todos los mercados y privatización total, para una libertad de elección plena, fin del monopolio estatal y apertura a competencia educativa via vouchers a los estudiantes más pobres del pais.
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Reforma de salud: desregulación, abrir todos los mercados y privatización total, con un sistema basado en seguros privados, subsidios focalizados y competencia, con vouchers a los usuarios más pobres del pais.
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Reforma de pensiones: desregulación, abrir todos los mercados y privatización total, con libertad para tener cuentas individuales privadas y fin del saqueo intergeneracional del sistema estatal y sistema de AFP.
Conclusión: el verdadero debate no es técnico, es moral
La pregunta no es cómo mejorar la Ley MAPE. La pregunta es: ¿por qué seguimos creyendo que el Estado debe ser dueño de nuestros recursos?
Ni las marchas de los mineros informales, ni los tecnicismos del viceministro resolverán la raíz del problema: el estatismo es la causa de la pobreza, la informalidad y el conflicto.
Perú necesita liberarse de ese yugo.
La verdadera reforma está en el Congreso para derogar todas las leyes malas que regulan y controlan la economía y aplicar las 5 reformas liberales.
Está en devolverle al ciudadano la propiedad, al empresario la libertad y al Estado su lugar: afuera del mercado.
