por José Luis Tapia Rocha, Economista, Director y Fundador del ILE y Catedrático de Economía Política.
El sistema bancario peruano ha cerrado el 2024 con un nuevo récord de ganancias: S/ 10.325 millones, lo que representa un crecimiento del 11,9% en comparación con el año anterior. A primera vista, esto podría interpretarse como un reflejo de la solidez del sector y de una economía en franco crecimiento. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda: estas cifras astronómicas no responden a una competencia justa ni a un mercado libre, sino a un esquema mercantilista sostenido por la Ley del Sistema Bancario 26702, que ha otorgado privilegios exclusivos a un pequeño grupo de bancos en detrimento de la competencia y los consumidores.
Pocos bancos
En Perú, apenas 18 bancos concentran todo el mercado financiero en un país de más de 33 millones de habitantes, mientras que Panamá, con una economía cuatro veces menor, cuenta con 69 bancos operando en su sistema. Esta comparación desnuda la verdadera razón detrás de las ganancias descomunales del sector bancario en Perú: la exclusividad legal que les permite operar sin una competencia real. La Ley del Sistema Bancario 26702 ha generado un oligopolio en el que solo unos cuantos jugadores tienen acceso a los mayores beneficios, mientras que las barreras de entrada impiden que nuevos competidores puedan ofrecer alternativas más justas y eficientes para los ciudadanos.
El resultado es evidente: los grandes bancos han logrado incrementar sus ingresos financieros en un 3,3% y los ingresos por servicios financieros en un 7,1%, mientras reducen sus gastos financieros en un 4,1%. Esto no es consecuencia de una mayor eficiencia productiva o de una innovación que beneficie a los usuarios, sino de un marco normativo que les ha garantizado el control absoluto del sistema. Además, el Banco de Crédito del Perú (BCP) se ha consolidado como el líder indiscutible, obteniendo una rentabilidad patrimonial del 15,3% y concentrando el 34% del total de créditos bancarios, una situación que difícilmente podría explicarse en un mercado competitivo.
Creditos concentrados
A esto se suma que cuatro bancos concentran aproximadamente el 70% de las colocaciones de créditos en el mercado, estableciendo tasas de interés en dólares que superan el promedio internacional. Esta falta de competencia impide que las tasas sean más accesibles y justas para los consumidores, afectando el crecimiento de pequeños y medianos negocios que dependen del crédito para su desarrollo.
Mientras tanto, el acceso al crédito sigue siendo un privilegio para pocos. Las tasas de interés se mantienen elevadas para los pequeños emprendedores y familias que buscan financiamiento, mientras que las grandes corporaciones gozan de condiciones preferenciales. La reducción de la morosidad al 3,8% no es reflejo de un sistema bancario más inclusivo o eficiente, sino de una estrategia de selección de clientes que excluye a los sectores más vulnerables y de menores ingresos.
Liberalismo clásico
El liberalismo clásico ha sostenido históricamente que el verdadero desarrollo económico solo es posible a través de un mercado libre y competitivo, donde la innovación y la eficiencia sean las que determinen el éxito de las empresas y no la protección estatal a ciertos grupos privilegiados. El caso del sistema bancario peruano es un claro ejemplo de cómo el mercantilismo disfrazado de “economía social de mercado” ha generado un oligopolio que favorece a unos pocos en perjuicio de millones de ciudadanos.
Es hora de cuestionar la vigencia de la Ley 26702 y abrir el mercado financiero a una competencia real con el programa politico de las 5 Reformas Liberales. Se deben eliminar las barreras de entrada y permitir que nuevas entidades, nacionales e internacionales, puedan operar en igualdad de condiciones. Solo así se podrá garantizar un sistema bancario más justo, con tasas de interés competitivas, servicios accesibles y oportunidades reales para todos. La economía de libre mercado solo es tal cuando no está secuestrada por intereses corporativos protegidos por esta ley que debe eliminarse.
