por José Luis Tapia Rocha, economista, Director de ILE y Catedrático de Economía Política.
En medio de una economía frágil y con un Estado que sistemáticamente incumple sus funciones básicas, el Congreso discute una nueva ronda de retiros de los fondos de pensiones. Van trece proyectos legislativos que buscan permitir a los trabajadores retirar lo que, en justicia, les pertenece: sus ahorros previsionales. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha vuelto a levantar la voz de alarma, oponiéndose a estas iniciativas con el argumento de “proteger el sistema”.
Propiedad privada
Desde una perspectiva liberal clásica, esta posición es no solo equivocada, sino inaceptable. El fondo de pensiones no es un instrumento de política macroeconómica. No es una cuenta fiscal, ni un brazo del MEF, ni un recurso de estabilización monetaria. Es propiedad privada del trabajador, ganada legítimamente a través del fruto de su trabajo y administrada —por contrato— por una entidad privada. Tiene soberanía e independencia propia. Que el MEF se oponga a que un ciudadano retire lo suyo revela una concepción profundamente estatista y peligrosa.
ONP
Resulta inaudito que el Estado, que ha demostrado ser incapaz de garantizar pensiones dignas a través del sistema público (ONP), pretenda ahora blindar un sistema obligatorio que tampoco garantiza libertad ni rendimientos suficientes. El verdadero camino de reforma es otro: abrir la competencia, privatizar, permitir sistemas voluntarios y devolver el control total del ahorro al ciudadano.
Defender el retiro no es populismo, es coherencia liberal. Quien ha trabajado tiene derecho a decidir el destino de su ahorro, más aún en tiempos de necesidad. La función del Estado no es decirle al trabajador qué hacer con su dinero, sino garantizar que su propiedad sea respetada y su libertad, protegida.
