por José Luis Tapia Rocha, economista, Director General de ILE, Catedrático de Economía Política.
El reciente debate sobre la colegiatura profesional obligatoria en el Congreso del Perú pone de manifiesto una profunda desconexión entre las necesidades del mercado laboral y las políticas públicas. Imponer la afiliación obligatoria a colegios profesionales, además de representar una barrera económica para los jóvenes egresados, perpetúa un sistema obsoleto que privilegia a grupos de interés por encima de la libre competencia y la meritocracia.
Carteles
Los colegios profesionales, en lugar de garantizar calidad, funcionan como carteles que restringen la entrada al mercado. Estas instituciones no aseguran competencia ni ética profesional. En cambio, frecuentemente encubren a sus miembros, incluso en casos de faltas graves. Para quienes buscan probar su idoneidad y destacar en un mercado competitivo, existen alternativas más efectivas y libres de coerción: certificadoras independientes, asociaciones de profesionales, publicaciones académicas, libros, artículos especializados, y la participación en conferencias y exposiciones mediáticas. Estas opciones ofrecen transparencia y permiten que los consumidores o empleadores evalúen directamente las competencias y méritos del profesional.
Monopolio
El mercado laboral necesita flexibilidad e incentivos para la excelencia. Obligar a los profesionales a afiliarse a un gremio equivale a establecer un monopolio que encarece los costos y limita las opciones para los usuarios finales. Este modelo no solo es económicamente ineficiente, sino también éticamente cuestionable. La verdadera calidad profesional se mide por los resultados y la confianza que genera en sus clientes, no por una membresía obligatoria.
Desde un enfoque de liberalismo clásico, es fundamental permitir que el mercado determine quiénes son los mejores profesionales. Esto no significa ausencia de regulación, sino que el control de calidad debe provenir de un sistema judicial eficiente y de certificaciones voluntarias, no de estructuras gremiales obligatorias. Países con economías dinámicas, como Estados Unidos y el Reino Unido, han demostrado que las certificaciones opcionales y la competencia abierta incentivan la innovación y mejoran los estándares en todas las profesiones.
Desempleo elevado
Además, imponer colegiaturas obligatorias agrava los problemas económicos de los jóvenes profesionales, quienes ya enfrentan tasas de desempleo y subempleo elevadas. En lugar de añadir trabas, el Congreso debería enfocarse en reformas estructurales que reduzcan los costos de hacer empresa y fomenten la innovación. Fortalecer el sistema educativo, promover la capacitación continua y garantizar acceso a certificaciones independientes son estrategias que alinean los intereses de los consumidores con los de los profesionales.
En conclusión, esta propuesta legislativa es un retroceso para el desarrollo económico y la libertad individual. En lugar de reforzar gremios medievales, el Perú necesita avanzar hacia un modelo basado en las 5 reformas liberales, donde las certificaciones, publicaciones y eventos especializados sirvan como mecanismos para garantizar la calidad. Este enfoque no solo empodera a los profesionales, sino que también protege a los consumidores al ofrecerles mejores opciones y mayor transparencia en el mercado.
