por José Luis Tapia Rocha, economista, Director de ILE, y Catedrático de Economia Política.
El reciente dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso del Perú, que permite el financiamiento privado a partidos políticos, marca un debate crucial sobre el papel del dinero en la política. Esta reforma busca corregir restricciones previas que limitaban la participación de personas jurídicas en el financiamiento partidario, proponiendo mecanismos como la bancarización de aportes y un aumento en los topes de contribuciones permitidas. El objetivo declarado es frenar el estatismo, que han aprovechado vacíos legales para financiar partidos en la clandestinidad. Solo eliminando el estatismo se frena la corrupción politica de los partidos a través de las cinco reformas liberales.
Aportes voluntarios
Desde una perspectiva de liberalismo clásico, la ley de financiamiento estatal a partidos políticos y la existencia de regulaciones restrictivas sobre los aportes privados representan una intromisión injustificada del Estado en la esfera de la libre asociación y financiamiento voluntario. En un marco liberal, las agrupaciones políticas deben sostenerse exclusivamente a través de los aportes voluntarios de sus seguidores, sin imponer cargas fiscales a la ciudadanía para financiar partidos que muchos no respaldan. Este principio respeta tanto la libertad económica como la neutralidad del Estado frente a la política.
Financiamiento estatal eliminado
La eliminación del financiamiento estatal y de la Ley de Partidos Políticos, como se promueve en el programa de las cinco reformas liberales, contribuiría a devolverle autonomía a la sociedad civil. Los partidos tendrían que ganarse la confianza y los aportes voluntarios de los ciudadanos y empresas, promoviendo así una conexión más genuina entre los representantes y sus representados. Además, la bancarización y transparencia en los aportes, como se propone en esta reforma, serían un paso positivo hacia la legitimidad, siempre y cuando no se utilicen para justificar controles innecesarios que limiten la participación.
Financiamiento privado
Por otro lado, el financiamiento estatal tiende a perpetuar partidos ineficaces y desconectados de la realidad social. Estos sobreviven gracias a fondos públicos y no a su capacidad de atraer apoyo ciudadano. Esto distorsiona el mercado político y reduce el incentivo para que los partidos innoven en propuestas que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos. En contraste, un sistema de financiamiento completamente privado fomenta una competencia política más saludable, donde la sostenibilidad de los partidos depende de su capacidad para generar confianza y representar intereses auténticos. Es imperativo privatizar los partidos politicos para independizarlos del Estado.
Igualdad ante la ley
Por último, el argumento de que el financiamiento estatal asegura la igualdad de condiciones entre partidos es falaz. Los partidos no necesitan igualdad de recursos, sino igualdad ante la ley. La innovación y la calidad de las propuestas deben ser los determinantes del éxito político, no una distribución arbitraria de fondos públicos.
Por tanto, esta reforma al financiamiento partidario debe ir más allá de corregir restricciones previas. Debe ser el primer paso hacia una privatización total de estas organizaciones donde sean sostenidos exclusivamente por quienes creen en ellos, sin cargar al contribuyente ni distorsionar la libre competencia política. La libertad de asociación y la responsabilidad individual deben ser los principios rectores de una reforma integral que elimine tanto el financiamiento estatal como la ley de partidos políticos. Este es el camino hacia una política más libre, transparente y representativa.
