por José Luis Tapia Rocha, economista, Director de ILE y Catedrático de Economía Política en UPC
El reciente conflicto entre el gremio de transportistas y el Congreso de Perú, que ha llevado a un paro nacional indefinido, pone de manifiesto los profundos problemas estructurales que enfrenta el país. Los transportistas exigen la derogación de la Ley de Crimen Organizado, argumentando que penaliza injustamente sus actividades, mientras que el Congreso se resiste a modificar la normativa. Este choque no solo refleja la frustración de un sector económico clave, sino que revela un problema aún más grave: la falta de seguridad y el creciente impacto de la extorsión en la economía peruana que no ha enfrentado la Presidente Dina Boluarte. Ante esta situación, es imprescindible considerar una solución liberal clásica que aborde los verdaderos problemas de fondo: el intervencionismo estatal y la falta de garantías de seguridad.
El fracaso del intervencionismo estatal
El paro de transportistas no es un hecho aislado, sino el reflejo de una economía sobrecargada por una excesiva intervención estatal y una deficiente aplicación de la ley. La Ley de Crimen Organizado, diseñada para combatir el crimen, no ha terminado por entenderse que ejerce una gran presión para acabar con las extorsiones y criminalidad que los jueces y fiscales caviares se oponen. Esto ha generado una reacción de protesta, pues los transportistas se ven atrapados entre la delincuencia organizada y la mala aplicación de una ley que, por los hechos, fiscales y jueces no distingue adecuadamente entre las verdaderas actividades delictivas y las legítimas.
Desde una perspectiva liberal clásica, como la que defendemos en el Instituto de Libre Empresa, la intervención estatal excesiva en los mercados solo genera más ineficiencias y cargas para los sectores productivos. Las regulaciones mal diseñadas, lejos de proteger a la sociedad, a menudo sofocan la iniciativa privada y favorecen el surgimiento de economías informales o, peor aún, criminales. En lugar de imponer más regulaciones, lo que Perú necesita es eliminar las leyes malas que permita a los transportistas operar en un entorno más libre y competitivo, sin las barreras que actualmente les impone Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Sutran, Municipalidad de Lima, y Municipalidades distritales. !Cinco autoridades en un solo sector económico!.
Seguridad como pilar del desarrollo económico
El verdadero núcleo de la crisis actual radica en la inseguridad ciudadana, que afecta no solo al sector transporte, sino a la economía en su conjunto. La extorsión y el crimen organizado han encontrado terreno fértil en un Estado que no logra garantizar la seguridad básica de sus ciudadanos y sus empresas. Desde nuestra propuesta de reforma política, centrada en cuadruplicar el número de policías honestos, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en garantizar un entorno seguro para la libre empresa. Solo en un contexto de seguridad, el transporte y otros sectores clave podrán desarrollarse plenamente, sin ser víctimas de la violencia y la extorsión.
El gobierno debe tomar medidas urgentes para combatir la delincuencia de manera efectiva, fortaleciendo las instituciones de seguridad, reformando urgentemente a la Policia, Poder Judicial, Fiscalia, pero sin recurrir a leyes que penalicen de manera indiscriminada. La verdadera solución pasa por un Estado que garantice el orden público, respetando los derechos de los ciudadanos y fomentando el crecimiento económico a través de la libre empresa. En resumen, necesitamos las 5 reformas liberales.
Conclusión: Desregulación y seguridad para el crecimiento
En conclusión, el conflicto actual entre los transportistas y el Estado debe ser visto como una oportunidad para reconsiderar el modelo estatista económico y de seguridad en Perú. La solución liberal clásica que defendemos desde el Instituto de Libre Empresa pasa por desregular sectores clave, eliminando leyes malas, barreras innecesarias y creando un entorno propicio para la inversión y la competencia. Además, es urgente que el Estado cumpla con su función primaria: garantizar la seguridad de todos los peruanos. Solo así se logrará un crecimiento económico sostenido y una verdadera prosperidad para el país.
Este es el momento de adoptar las 5 reformas liberales que Perú necesita para superar la crisis.
