por José Luis Tapia Rocha, Director de ILE, Economista y Catedrático de Economía Politica.
En un contexto en el que el gobierno peruano propone la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), resulta crucial reflexionar sobre la verdadera eficacia y necesidad de estos ministerios en una democracia liberal. A pesar de los recursos colosales invertidos, ni el MIMP ha logrado erradicar la violencia familiar, ni el Midis ha eliminado la pobreza en el país. Estos hechos invitan a cuestionar la existencia misma de tales carteras ministeriales.
Sociedad liberal
La función del Estado, en una sociedad liberal, es garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos: vida, libertad y propiedad privada. La proliferación de ministerios no solo genera duplicidades y superposiciones de funciones, sino que también diluye la responsabilidad gubernamental, dificultando la transparencia y el control efectivo sobre el gasto público. En este sentido, la propuesta de fusionar los ministerios, aunque aparentemente bien intencionada, no ataca la raíz del problema: la ineficiencia y el exceso de intervencionismo estatal.
El MIMP, creado en 1996, ha contado con decenas de miles de millones de soles para combatir la violencia contra la mujer y apoyar a poblaciones vulnerables. Sin embargo, la realidad muestra que estos problemas persisten, lo que indica una falla estructural en la aplicación de políticas públicas. Similarmente, el Midis, desde su creación en 2011, ha sido incapaz de reducir significativamente los índices de pobreza, a pesar de contar con amplios recursos y programas sociales.
Fusion o eliminación
La fusión de estos ministerios podría ser vista como un intento de «optimizar» recursos, pero en esencia, es solo un parche a un problema más profundo: el sobredimensionamiento del aparato estatal. En una democracia liberal, donde la eficiencia del gasto público es fundamental, la solución no radica en la fusión de ministerios, sino en su eliminación. Esta medida radical permitiría reducir la burocracia, optimizar recursos, y enfocar los esfuerzos del Estado en sus funciones esenciales: seguridad, justicia, relaciones exteriores, defensa e infraestructura.
El argumento de que la eliminación de estos ministerios podría representar un retroceso en materia de derechos humanos y igualdad de género no se sostiene si analizamos el impacto real que han tenido estas instituciones en la vida de los ciudadanos. En lugar de centrarse en estructuras burocráticas ineficientes, el Estado no debería inmiscurise en la sociedad civil dejando que el sector privado pueda participar activamente en la resolución de estos problemas, promoviendo la responsabilidad individual.
Es hora de repensar el rol del Estado en la sociedad implementando las 5 reformas liberales. La eliminación de ministerios que han demostrado ser ineficaces es un paso hacia la modernización del aparato estatal y el fortalecimiento de los derechos individuales. Un Estado más grande en justicia, seguridad y obras públicas es más eficiente, y es la clave para avanzar hacia una sociedad más libre y próspera. No se trata de recortar por recortar, sino de devolver al Estado su verdadero propósito: proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sin interferir en sus vidas más allá de la justicia, seguridad y obras de infraestructura.
Conclusión
En resumen, la fusión de ministerios es una solución insuficiente. Para garantizar la eficiencia del gasto estatal y promover los derechos a la vida, libertad y propiedad privada, es imperativo eliminar aquellos ministerios que no cumplen con su propósito. Así, el Perú podrá avanzar hacia una verdadera democracia liberal, donde el poder del Estado esté al servicio del individuo, y no al revés.
