por José Luis Tapia Rocha, economista, Director deILE y Catedrático de Economía Política
En una reciente conferencia de prensa, el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, junto a la presidente Dina Boluarte, anunció la extinción de 14 programas públicos con el fin de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos. Los programas extintos, que incluyen iniciativas clave como Provías Nacional, PRONATEL, y el Programa Nacional de Vivienda Rural, serán absorbidos por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que se encargará de consolidar estos esfuerzos en una unidad central de inversión pública.
Gestión pública
Desde una perspectiva liberal clásica, la medida es una señal positiva de que el gobierno está reconociendo la necesidad de una gestión pública más eficiente. La sobrecarga burocrática en el aparato estatal es un lastre para la economía, que impide que los recursos sean utilizados de manera óptima. Reducir el número de programas y concentrar las inversiones en una entidad centralizada puede generar agilidad y evitar la duplicación de esfuerzos.
ANIN
Sin embargo, el enfoque centralizado puede traer consigo un riesgo: la creación de una nueva capa burocrática, esta vez dentro de la ANIN, que podría replicar los problemas que se intentan resolver. La clave estará en cómo se implementen estas medidas. La eficiencia no solo depende de la centralización, sino de la capacidad del gobierno para permitir una mayor participación del sector privado en áreas clave, como la infraestructura y la vivienda, para reducir la carga sobre el erario público.
En lugar de limitarse a reestructurar el Estado, se deben implementar reformas liberales más profundas que eliminen las regulaciones innecesarias, la reducción de las funciones estatales a un gobierno limitado, la privatización de las 110 empresas estatales y abrir todos los mercados. Solo a través de un sector privado dinámico, que opere sin los obstáculos de un Estado ineficiente, se podrá cerrar realmente la brecha de infraestructura en el país y garantizar un crecimiento económico por encima del 7% anual.
