por José Luis Taspia Rocha, economista, Director de ILE y Catedrático de Economía Política
La falta de transparencia en la determinación del salario mínimo en Perú sigue siendo una preocupación en el ámbito de la economía liberal clásica. Desde una perspectiva de libre mercado, el salario debería reflejar las condiciones de oferta y demanda de trabajo, permitiendo que empleadores y trabajadores negocien en libertad y establezcan una remuneración que ambos consideren justa y viable. Sin embargo, cuando el Estado interviene, imponiendo un “salario mínimo” político y alejado de la realidad del mercado, surgen distorsiones económicas que afectan tanto a empleadores como a trabajadores, además de imponer cargas sobre el sistema económico en general.
Consejo Nacional del Trabajo (CNT)
En el caso peruano, el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) se encarga de determinar el aumento de este salario mínimo, pero hasta ahora no ha dado a conocer con claridad los métodos y criterios que utiliza en sus decisiones. Esta falta de transparencia genera dudas y preocupaciones sobre la objetividad del proceso y plantea una pregunta fundamental: ¿qué criterios reales están aplicando para fijar un salario mínimo que no esté fundamentado en las fuerzas del mercado?
Es razonable preguntarse si el CNT está evaluando criterios económicos sólidos o si el proceso se ve influido por intereses de negociación entre sindicatos y empleadores, donde entran en juego factores subjetivos y no representan a nadie cuando más del 80% de la fuerza laboral es informal. Al ser un precio mínimo político, el salario mínimo se vuelve una herramienta que se presta a presiones de diversos grupos de interés, lo cual pone en riesgo la equidad y justicia en su fijación. Este salario mínimo afecta tanto a la estructura de costos empresariales, especialmente en las micro y pequeñas empresas, como al poder adquisitivo de las familias que dependen de ingresos que suelen ajustarse en torno a este valor.
Eliminación del sueldo mínimo
Desde el liberalismo clásico, la solución más prudente y eficiente sería eliminar la fijación arbitraria del salario mínimo y permitir que el mercado determine los salarios de acuerdo con la productividad y las necesidades de cada sector. No obstante, dado que esta práctica regulatoria sigue vigente, sería de vital importancia implementar medidas que aseguren al menos un nivel básico de transparencia. ¿Por qué no transmitir en vivo las negociaciones del CNT? Esto permitiría a la ciudadanía observar en tiempo real los argumentos de empleadores y sindicatos, y entender mejor qué principios están siendo considerados para tomar una decisión que impacta a miles de familias y empresas.
La transmisión en vivo de las negociaciones sería un acto de transparencia que ayudaría a fortalecer el argumento que es mejor, justo y eficiente un libre mercado laboral que confiar en los procesos políticos de fijación de salarios. En última instancia, es fundamental que los criterios utilizados sean públicos y tratar de convencer a la ciudadanía que no en un mero protocolo de fuerzas entre sindicatos y empleadores.
Conclusión
Promover la transparencia en este proceso no solo ayudaría a desconfiar en las decisiones del CNT, sino que también abriría el camino para una reforma futura hacia un sistema más libre y eficiente en la determinación de salarios, alineado con los principios de un mercado que valora la libertad individual y la autonomía contractual.
