por José Luis Tapia Rocha, economista, Director General de ILE y Catedrático de Economia.
En el escenario político y económico actual, se desata una polémica en torno a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los fondos administrados por las AFP. Estos instrumentos, cuya esencia radica en ser propiedad privada de cada trabajador y afiliado, no deben ser objeto de manipulación política o declaraciones que traspasen la línea entre la función fiscalizadora y el ataque a los derechos de propiedad. El reciente pronunciamiento del ministro de Economía, José Salardi, frente a los proyectos del Congreso que proponen el retiro de dichos fondos, revela una preocupación que se desvía del verdadero propósito de su cargo.
Fondos privados
La crítica central a esta intervención radica en que la CTS y las AFP son fondos de propiedad privada, concebidos para garantizar la estabilidad y seguridad de los trabajadores a lo largo del tiempo. Este patrimonio personal no puede ser desnaturalizado por iniciativas que, bajo el pretexto de dinamizar la economía, pretenden convertir un derecho individual en un mecanismo de intervención estatal. Cuando un ministro se pronuncia sobre estos retiros, incurre en la tentación de transformar lo privado en un instrumento de política pública, lo que equivale, en la práctica, a una forma de estatización de los fondos que, por su naturaleza, pertenecen a cada ciudadano.
El debate no es meramente técnico, sino que atañe al respeto de los principios fundamentales de la propiedad privada y la libertad individual. Las propuestas legislativas que pretenden permitir retiros de la CTS y las AFP, a pesar de sus argumentos para mitigar efectos económicos adversos, tienen la sombra de una medida que podría sentar un precedente peligroso. No se trata de una solución de política económica, sino de una decisión que interviene directamente en el patrimonio personal de los ciudadanos, con consecuencias que podrían afectar la confianza en el sistema financiero y la economía en general.
Reformas liberales
En lugar de abordar esta cuestión a través de pronunciamientos que confunden el papel del Estado en la regulación del mercado con una intervención en los derechos de propiedad, el ministro debería redirigir su atención a completar las reformas liberales que desde los años noventa han quedado inconclusas. Estas reformas, fundamentales para el desarrollo y modernización de la economía, no solo propician un ambiente de mayor competitividad, sino que también garantizan un marco legal sólido en el que se respeten los derechos individuales sin distorsiones.
Es inaceptable que en un contexto en el que la economía debe ser fortalecida a través de reformas estructurales, se priorice la discusión sobre la posibilidad de retirar fondos destinados a la seguridad financiera del trabajador. Los argumentos esgrimidos para justificar estos retiros, basados en la necesidad de dinamizar la economía ante crisis, ignoran que dicha medida promovería la legitimación del principio de la propiedad privada. Los proyectos de ley que buscan liberar la CTS y los fondos de las AFP, al permitir el retiro de capitales acumulados a lo largo de años, representan un avance en el respeto a la autonomía económica de cada individuo.
