En un Gobierno que abraza los principios del liberalismo clásico, la justicia debería pivotar hacia la víctima en lugar de centrarse en el victimario, buscando restituir los derechos violados y compensar los daños ocasionados. Actualmente, la necesidad de reformar el sistema judicial en Perú se presenta como una tarea ineludible, dada la preocupante politización que prevalece y los intereses personales que parecen primar sobre el bienestar del país.
Reforma Judicial
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que debe reunirse según el anuncio del Ministro de Justicia, Eduardo Arana, surge como respuesta a una problemática que ha persistido durante casi seis años. Aunque establecido por ley en agosto de 2018 tras el escándalo de los CNM audios que reveló la corrupción en diversas instancias judiciales y políticas, este Consejo, integrado por representantes del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación, Defensoría y Contraloría, no ha operado eficientemente.
La propuesta de algunos sectores políticos de crear una Comisión Multipartidaria para reformar el sistema judicial, argumentando la supuesta ineficacia del Consejo, refleja un cuestionamiento profundo a la capacidad de las instituciones existentes. La inestabilidad política y las disputas partidistas se han traducido en una falta de consenso sobre cómo abordar la reforma del sistema judicial de manera efectiva.
Debemos alertar sobre la urgencia de una reforma seria en el sistema judicial, destacando que la actual situación podría ser simplemente un pretexto para nuevas alteraciones desde el Poder Ejecutivo, Junta Nacional de Justicia (JNJ), Ongs de izquierda y el Congreso. Además, subraya la crisis de los controles y la posibilidad de un avasallamiento político, evidenciado por su histórica injerencia en asuntos judiciales y fiscales.
Politización
El Congreso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como el Poder Ejecutivo han sido criticados por su falta de respeto a la independencia fiscal y judicial, evidenciada en denuncias sin fundamentos contra fiscales y jueces supremos. Estas organizaciones estatales no buscan fortalecer la justicia, sino someterla a sus intereses, lo que plantea serios riesgos para la estabilidad del país.
En un contexto liberal clásico, la reforma judicial debería enfocarse en restaurar la independencia y la integridad del sistema, asegurando que la justicia sirva a la víctima y no sea utilizada como herramienta política. Una reforma seria y responsable es imperativa para consolidar un sistema judicial eficaz, transparente y predecible, esencial para fomentar la inversión privada y el desarrollo económico del país.
