por José Luis Tapia Rocha, economista, Director de ILE y Catedrático de Economía Política
El Congreso ha aprobado una serie de ajustes a la Ley de MYPEs, como alivios tributarios, reducción de costos laborales y un enfoque “educativo” ante infracciones leves. Sin embargo, desde una perspectiva liberal clásica, estas medidas están condenadas al fracaso porque operan dentro de un modelo estatista que castiga sistemáticamente el ahorro, la inversión y el crecimiento de las pequeñas empresas.
Estatismo
El problema de fondo no es la falta de créditos tributarios ni de charlas laborales, sino el contexto asfixiante que impone el Estatismo: regulaciones infinitas, fiscalización punitiva, impuestos múltiples y burocracia paralizante. En lugar de liberar a las MYPE del peso del aparato estatal, esta ley las mantiene dependientes de subsidios simbólicos y controles opresivos.
Descapitalización
La descapitalización crónica es el verdadero drama de las MYPE. Les exigen cumplir con normas pensadas para grandes empresas sin darles la libertad de operar con eficiencia. Así, no crecen ni en tamaño ni en productividad, lo que perpetúa su precariedad. Por eso más del 70% sigue en la informalidad.
Reformas liberales
Mientras no se apliquen reformas liberales de fondo —basada en libertad económica, eliminación de cargas fiscales innecesarias, privatizaciones de empresas estatales, reducción de funciones estatales y un sistema laboral más flexible—, toda política será un maquillaje sobre una economía enferma. Si queremos que las MYPE prosperen, hay que dejar de tratarlas como pacientes asistidos y empezar a verlas como empresarios capaces de generar riqueza si se les deja libres.
El estatismo no es solución, es el obstáculo.
