por José Luis Tapia Rocha, economista, Director General de ILE, Catedrático de Economía Política.
El Gobierno de Perú ha dado un primer paso hacia lo que se ha denominado un «shock desregulatorio», una iniciativa que apunta a reducir la sobrecarga de regulaciones y trámites burocráticos que sofocan la competitividad y productividad del país. Con un paquete de 402 medidas, que incluyen la eliminación de 186 barreras burocráticas ilegales o irracionales, la extensión de beneficios tributarios y el impulso de reformas en sectores clave como minería, transporte, y telecomunicaciones, la propuesta, en teoría, apunta a crear un clima más propicio para la inversión y el crecimiento económico.
Sin embargo, la pregunta que surge con fuerza es: ¿realmente estamos ante una medida suficientemente ambiciosa para generar el tipo de crecimiento económico que el país necesita, un crecimiento sostenido de al menos un 7% anual? La respuesta parece ser no, y no por falta de voluntad política, sino por la escasa profundidad y el alcance limitado de la propuesta.
El Ministro de Economía, José Salardi, ha resaltado que Perú enfrenta un problema grave de baja productividad y una alta carga regulatoria, comparándose con economías de bajo rendimiento como Zimbabue o Ecuador. Sin embargo, las medidas propuestas, aunque bien intencionadas, son claramente insuficientes. El gobierno solicita al Congreso eliminar 48 leyes específicas, una cifra que, en un país con más de 20,000 leyes malas vigentes, resulta casi irrelevante frente a la magnitud del desafío.
No se puede obviar que el país requiere un cambio estructural profundo en su economía para alcanzar tasas de crecimiento sostenibles. Esto no se logrará simplemente con la eliminación de algunas leyes o la reducción de trámites burocráticos. En realidad, lo que se necesita es una reforma liberal más radical, una que no se conforme con pequeñas correcciones, sino que busque transformar la estructura misma de la economía.
La necesidad de derogar 20,000 leyes
Un «shock desregulatorio» real debe ir más allá de la eliminación de 48 leyes menores. El Gobierno debería emprender la tarea de derogar, de una vez por todas, las miles de leyes obsoletas, intervencionistas y restrictivas que entorpecen la innovación y frenan las inversiones. Cada ley que se elimina debe ser reemplazada por un marco legal que favorezca la competencia, la privatización y la apertura de mercados. Solo con un proceso de desregulación masiva se logrará un verdadero entorno propicio para los emprendedores y las empresas, tanto nacionales como extranjeras.
Lo que necesitamos no son parches legislativos, sino reformas que liberen los mercados. La privatización de más de 100 empresas estatales, la desregulación de sectores claves, y la apertura irrestricta de los mercados a la competencia internacional son pasos que, si bien requieren un consenso político amplio, son esenciales para un crecimiento económico robusto y sostenible. Solo de esta manera, se logrará atraer la inversión extranjera directa que tanto necesita el país, sin el lastre del intervencionismo estatal.
La falacia del intervencionismo y la visión limitada del Ministro
El Ministro Salardi ha anunciado medidas como la ampliación de los límites para la emisión de certificados de inversión pública y la creación de mecanismos para facilitar el acceso de las mypes a nuevas fuentes de financiamiento. Si bien estas iniciativas pueden tener efectos positivos a corto plazo, no abordan el problema fundamental: un sistema económico sobrecargado de regulaciones y controles estatales que, en muchos casos, dificultan la actividad empresarial.
El intervencionismo del Estado en la economía sigue siendo un obstáculo clave. La idea de que más regulación y más incentivos por parte del Estado pueden impulsar la productividad y el crecimiento es una falacia. El crecimiento económico sostenible solo se logra cuando el sector privado tiene libertad para operar sin el temor constante de nuevas cargas impositivas, barreras regulatorias y políticas erráticas. El Ministro de Economía, al solicitar que solo 48 leyes sean eliminadas, parece no comprender la magnitud del cambio necesario.
Conclusión: Más audacia, menos tibieza
Es innegable que el «shock desregulatorio» anunciado es un paso positivo, pero no suficiente. Si Perú quiere realmente alcanzar las tasas de crecimiento necesarias para recuperar el terreno perdido y poner al país en la senda del desarrollo, el Gobierno debe abandonar la tibieza y adoptar una postura mucho más audaz. Derogar miles de leyes, eliminar la intervención estatal en los mercados, y privatizar sectores estratégicos son las únicas medidas que pueden transformar la economía de manera significativa.
Las reformas liberales profundas no son solo una opción, son una necesidad imperiosa. El país no puede seguir atrapado en una red de regulaciones que asfixian su potencial. Solo con un enfoque radical de desregulación, privatización y apertura de mercados podrá Perú alcanzar el nivel de crecimiento económico que necesita, y el «shock desregulatorio» anunciado es, lamentablemente, un paso tímido hacia una meta que requiere mucho más.
