por José Luis Tapia Rocha, economista, Director General del ILE, y Catedrático de Economía Politica.
La gestión de los recursos naturales en Perú está atrapada en un círculo vicioso de ineficiencia estatal, corrupción y conflictos sociales. La Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal -MAPE, en reemplazo de la Ley REINFO, diseñada para formalizar la minería artesanal, es un ejemplo de medidas parche que no abordan las raíces del problema. No reduce significativamente la contaminación ni elimina las barreras burocráticas que perpetúan la informalidad. Desde una perspectiva liberal clásica, la solución real y sostenible es la privatización total de los recursos naturales, derogando el artículo 66 de la Constitución en el marco de las 5 reformas liberales para potenciar a toda la economia en su conjunto.
Fracaso de las regulaciones y los reguladores
La minería artesanal representa un desafío complejo. Las regulaciones estatales y los mecanismos como la ley REINFO no han logrado frenar la minería ilegal ni mejorar las condiciones de los mineros. Estas leyes tienden a ser reactivas y burocráticas, incentivando la informalidad. Además, los reguladores suelen estar sujetos a corrupción y politización, lo que erosiona su efectividad. En este contexto, la intervención estatal no resuelve los problemas fundamentales del sector.
Propiedad privada como eje central
La privatización garantiza la claridad en los derechos de propiedad, eliminando la incertidumbre legal que alimenta la informalidad. Cuando los recursos naturales son administrados por propietarios privados, surge un incentivo directo para gestionarlos eficientemente y con respeto por el medio ambiente. Las empresas privadas tienen el deber de negociar con comunidades locales y garantizar estándares ambientales, pues su reputación y rentabilidad están en juego.
Ambientalismo basado en propiedad privada
El daño ambiental, asociado tanto a la minería ilegal como a la formal, es otra preocupación clave. Un modelo de propiedad privada elimina la irresponsabilidad derivada de la administración estatal. Los propietarios tienen incentivos para preservar los recursos, pues su valor está directamente ligado a su uso sostenible. En países con sistemas similares, las áreas gestionadas privadamente suelen superar a las estatales en términos de conservación y desarrollo tecnológico limpio, sobre todo cuando hay gobierno limitado, mercado libre y máxima propiedad privada.
Derogar el artículo 66 para un mercado libre
El artículo 66, que declara que los recursos naturales son propiedad del Estado, es la barrera legal que mantiene un sistema ineficaz. Su derogación permitiría que el mercado libre optimice la explotación y gestión de los recursos, eliminando intermediarios estatales que solo generan corrupción y conflictos. Además, un sistema de tributación único y claro fomentaría la inversión, simplificaría los procesos administrativos y aumentaría los ingresos fiscales. Más aún, se potenciaría con la implementación de las 5 reformas liberales.
Conclusión
La Ley MAPE y las regulaciones estatales son soluciones insuficientes frente a problemas estructurales. La privatización total de los recursos naturales es la única alternativa que garantiza eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y justicia en el marco de la implementación de las 5 reformas liberales. Este enfoque, inspirado en los principios del liberalismo clásico, empodera a los individuos, fomenta la innovación y promueve un crecimiento inclusivo, posicionando a Perú como líder en la gestión de recursos naturales.
