por José Luis Tapia Rocha, economista, Catedrático de Economía Política de UPC y Director de ILE
La reciente propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica (Sinattel) para que el Estado peruano asuma el control de la empresa tras su venta a la firma argentina Integra Tec, representa una peligrosa vuelta al pasado. El pedido, motivado por preocupaciones sobre deudas pendientes y la calidad del servicio, refleja una visión estatista que ha fracasado sistemáticamente en Perú y en toda América Latina.
Rol del estado
Desde una perspectiva liberal clásica, el rol del Estado no es administrar empresas, sino garantizar que se cumplan los contratos, hacer respetar la ley, seguridad, justicia y obras públicas. Cuando el Estado se convierte en empresario, deja de ser árbitro neutral y se transforma en juez y parte, generando ineficiencia, corrupción y despilfarro de recursos públicos.
La experiencia peruana de empresas estatales en telecomunicaciones es clara: antes de la privatización de Telefónica en los años noventa, el país sufría una de las peores coberturas telefónicas de la región. Obtener una línea podía demorar hasta 10 años. Las tarifas eran altas y el servicio, pésimo. Fue la apertura del mercado y la inversión privada lo que permitió la expansión masiva de la telefonía fija y móvil, internet y nuevos servicios digitales. ¿Queremos regresar a los tiempos en que el Estado monopolizaba la comunicación y condenaba a millones de peruanos a la desconexión?
Deudas
Además, el argumento sindicalista de que “están en juego” las deudas con el Estado y trabajadores no justifica estatizar. Para ello existen mecanismos legales como la fiscalización tributaria, la Sunafil o el Poder Judicial. El Estado no necesita comprar empresas para hacerlas cumplir con sus obligaciones. Lo que sí necesita es instituciones fuertes que actúen con independencia y transparencia.
Nacionalizar no sólo es inmoral e ineficiente sino costoso. ¿Quién pagaría por Telefónica? El contribuyente. ¿Y con qué recursos se la operaría? Nuevamente, con dinero de los ciudadanos, que además podrían perder la posibilidad de elegir entre varios operadores privados. Se abriría la puerta al amiguismo político, a los sindicatos como poderes fácticos, y a decisiones técnicas subordinadas a cálculos electorales.
Leyes malas
Si lo que preocupa es la calidad del servicio o la concentración del mercado, la solución es más competencia eliminando todas las leyes malas, comenzando con las leyes 26285, 27332, 27336, 28295, 28493, 28900, 28999, 29022, 29904, 29956, 29985, 30083, 30477, 31207, 31761, entre las principales normas, no menos. Abramos el mercado a nuevos operadores, eliminemos a los reguladores y protejamos los derechos del consumidor via judicial. En vez de mirar al Estado como salvador, recordemos que las naciones más prósperas del mundo se construyen sobre economías libres, no sobre monopolios estatales.
Lo que hoy exige Sinattel no es justicia: es privilegio. Es el intento de convertir a una empresa privada en botín político. Y eso, en cualquier sociedad libre, debe ser rechazado. Solo ejcutando las 5 reformas liberales salvaremos a este mercado de cualquier nacionalismo y mercantilismo empresarial.
