por José Luis Tapia, Director General de ILE, economista y Catedrático de Economía Política.
La reciente calificación de Moody’s a Petroperú confirma lo evidente: la petrolera estatal es un lastre financiero. Con una posición de liquidez débil, alto apalancamiento y baja rentabilidad, la empresa depende del auxilio estatal para sobrevivir. No es un competidor eficiente en el mercado de hidrocarburos, sino un barril sin fondo de deuda y subsidios.
Petroperú es el reflejo de un modelo estatal fracasado. Su nueva refinería en Talara, vendida como la solución a sus problemas, no ha sido suficiente para revertir su crisis. Moody’s advierte que la petrolera no generará flujo de caja suficiente hasta 2027, y que su participación de mercado sigue en declive. En un país con necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura, seguir sosteniendo este elefante blanco es irracional.
5 Reformas
Un gobierno liberal clásico aplicaría las 5 reformas liberales para devolver a los ciudadanos el control sobre Petroperú. La solución no es su venta a un monopolio privado, sino una privatización de accionariado difundido: cada peruano mayor de 18 años recibiría una parte equitativa de la empresa. Ellos decidirán si venden sus acciones como chatarra o buscan modernizar la compañía con capitales privados. Así, el Estado deja de ser un empresario ineficiente y los ciudadanos recuperan su derecho a decidir.
No hay razón para que el Estado sea dueña y administre una empresa petrolera. El mercado de hidrocarburos debe abrirse a la competencia y privatización. Petroperú ya ha sido rescatado demasiadas veces; es hora de que sean los peruanos quienes decidan su destino, sin la interferencia de un gobierno que solo sabe gastar y endeudar.