por José Luis Tapia Rocha, economista, Director de ILE, y Catedrático de Economía.
La gestión del transporte público en Lima y Callao por parte de la Autoridad Transporte Urbano (ATU) ha demostrado ser ineficiente e ineficaz, generando una serie de problemas que afectan gravemente a los usuarios y a las concesionarias del sistema. La reciente advertencia de suspensión del servicio del Metropolitano, debido a que los costos de operación superan en un 24% los ingresos, pone en evidencia la necesidad de un cambio radical en la administración del transporte público. Es hora de considerar una descentralización efectiva a través de la privatización de la gestión de las empresas de transporte y tránsito, así como la modernización de la infraestructura vial y la devolución de las funciones de ordenamiento del tránsito a la policía de tránsito.
ATU
La ATU ha fallado en cumplir con sus obligaciones contractuales, como la protección contra la competencia desleal y la fiscalización adecuada, lo cual ha contribuido al deterioro del servicio del Metropolitano. Las concesionarias han señalado que las reuniones con la ATU no han resultado en soluciones efectivas, y los costos del servicio siguen en aumento sin respuestas satisfactorias. Esto no solo amenaza la continuidad del servicio, sino que también afecta a más de 400 mil pasajeros que dependen del Metropolitano para sus desplazamientos diarios.
Competencia
La competencia por parte de servicios de transporte ilegal ha exacerbado la situación. La ATU no ha logrado detener esta competencia, a pesar de que el contrato de concesión estipulaba que no se permitiría la competencia dentro de un rango de 400 metros del servicio. Las ordenanzas municipales que permiten esta competencia han impactado negativamente en los ingresos del Metropolitano, creando un desequilibrio financiero insostenible. Muchas autoridades del tránsito a la vez genera un desorden descomunal.
Privatización
La privatización de la gestión del transporte público puede ofrecer soluciones más eficientes y efectivas. Las empresas privadas tienen incentivos para operar de manera más eficaz y rentable, ya que su supervivencia depende de ofrecer un servicio de calidad que atraiga a los usuarios. La descentralización permitiría una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades locales, mejorando la eficiencia operativa de las empresas de transporte y la satisfacción del usuario. Además, la modernización de la infraestructura vial es crucial para un sistema de transporte fluido y eficiente. Esto incluye la reparación y el mantenimiento regular de los buses, así como la mejora de las vías y estaciones para evitar retrasos y fallas que actualmente afectan al sistema.
Policia de tránsito
La policía de tránsito también debe recuperar su rol en el ordenamiento como única autoridad del tránsito. La experiencia, modernización y especialización que tiene la policía en esta área son fundamentales para garantizar un flujo vehicular ordenado y seguro. La ATU ha demostrado ser incapaz de gestionar eficazmente estas funciones, y devolver estas responsabilidades a la policía podría resultar en una mejor supervisión y control del tránsito.
En conclusión, la estatización y centralización de la gestión del transporte público por parte de la ATU han resultado en una serie de ineficiencias que ponen en peligro la continuidad del servicio y afectan a cientos de miles de pasajeros. La privatización y descentalización de la gestión del transporte, la modernización de la infraestructura vial y la devolución de las funciones de ordenamiento del tránsito a la policía son pasos necesarios para lograr un sistema de transporte eficiente y efectivo. Estas medidas no solo mejorarían la eficiencia y calidad del servicio, sino que también asegurarían una administración más responsable y orientada al usuario, beneficiando a toda la comunidad.
